El Caracazo.

 Juan Manuel Karg 

El caracazo.

29-10-2005

Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.

 Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo,

con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional.

 Ese día los chóferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil.

 Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta.

 En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por y su gabinete.

Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido. Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios.

 Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes:  Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.

 Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos.

 Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

En términos generales, las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad.

 Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anunció del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social.

 Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros

Tal sería la voracidad del plan propuesto, que a dos semanas de su anuncio los efectos nocivos comenzaban sentirse en el aumento desmedido de los servicios públicos. El 27 de Febrero los habitantes de Guarenas, ciudad satélite de caracas, se negaron a pagar el aumento del transporte público para ir a sus trabajos en la capital.

Surgió allí un primer foco de protesta que se multiplicó espontáneamente por todo el territorio nacional. Sin organización política alguita o liderazgo, los excluidos se alzaron contra el poder inmoral constituido. Así pues, Guarenas, Caracas y otras ciudades fueron escenario de la primera gran reacción social contra las políticas neoliberales. El pueblo venezolano salió masivamente a las calles a expresar su frustración, llegando incluso a desbordar los cuerpos de seguridad y a saquear algunos locales comerciales, especialmente supermercados, como señal del hambre y la miseria que ya eran insoportables y que evidentemente se incrementarían con las medidas de privatización y desregulación aplicadas por el gobierno.

La respuesta de las autoridades fue implacable; el despliegue del ejército en todo el país para arremeter sin clemencia con armamento de guerra contra los manifestantes. Durante los días de protesta popular, los medios de comunicación privados audiovisuales y escritos, con su abrumador alcance  y sus ingentes recursos técnicos y financieros, se dedicaron a calificar los hechos como actos de delincuencia y violación de la propiedad privada, Ignorando los reclamos de fondo y justificando la intervención inhumana del ejército.

El cobro exagerado bastó para que en Guarenas se iniciaran los brotes de violencia. A eso de las 4:00 pm del 27 de febrero de 1989, diversos grupos manifestantes comenzaron a trancar vías y armar barricadas dispuestos a enfrentarse a los cuerpos de seguridad. De manera rápida las manifestaciones pasaron a los saqueos, y como una bomba atómica, fue esparciéndose por el resto del país: Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, fueron todos escenarios de saqueos, muertes y tiroteos.

Ya para el 28 de febrero de 1989, los titulares corrían por la prensa con el mismo calor y prisa de las protestas en la calle: "Tomados el Nuevo Circo y los Alrededores de la UCV", "Manifestaciones en ocho ciudades del interior", "Violencia en el Litoral", "Sector comercial de Guarenas destruido por turbas de saqueadores", "Caracas estremecida por la violencia", o como rodaron los titulares en la primera plana de El Nacional ese día:" CAP: no se justifica estado de efervescencia", "Suspenden las clases en el Estado Miranda", "Saqueos y disturbios en el país en contra de medidas económicas"… y las culpas no se hacían esperar, Alfredo Álvarez en un artículo de El Nacional lo reflejaba en su titular: "El FMI encendió las calles de Caracas".

Los manifestantes se ensañaron en contra de los negocios con propiedad extranjera. Enseguida, las Santa María de los comercios comenzaron a decir en sus caras, escrita con spray, la frase Soy Venezolano, para evitar ser saqueados.

Las pérdidas comenzaban a contabilizarse, y eran traducidas en dinero y en vidas perdidas: "Bs. 200 millones en pérdidas en el Litoral Central", "Más de 80 muertos, 800 heridos y mil detenidos en 2 días de disturbios", eran los titulares de la prensa para el 1 de marzo.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud.

 En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.

Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.

Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.

El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.Ese pueblo humillado, había comenzado no sólo a saciar su hambre orgánica, sino que intentaba equilibrar la desigualdad social acortando la inmensa brecha que había entre los que tenían y los que no. Esas cosas con las que lo bombardeaban todo el día los medios publicitarios y que le eran inalcanzables, sencillamente lo tomó. Satisfacían las necesidades creadas por el consumismo desaforado.

Ellos mismos habían creado un monstruo, que hoy se los estaba comiendo. Innegablemente hubo aprovechamiento de algunos delincuentes, en todo este desorden callejero, pero fue un movimiento de total espontaneidad. Casi de inocencia.

Esto es tan cierto, que cuando bajaron los niveles de euforia y se decretó el toque de queda, hubo muchos muertos porque no entendían lo que eso significaba, ni qué era lo que estaba sucediendo. Fue como la reacción de un niño malcriado, que hace un berrinche y que luego se queda como que no sucedió nada. Todo fue una explosión de adrenalina, de rabia acumulada, pero que cuando “pasó”, este bendito pueblo, volvió a su normalidad. Volvió a ser el bromista, el dicharachero de siempre y se encontró que había comenzado el segundo acto de esta opereta de muerte. En esta segunda parte, sería igualmente protagonista, pero de una manera trágica. En este momento entra en acción el aparato represivo-asesino de un Estado criminal. Se suspenden las garantías constitucionales y se decreta el toque de queda. El país quedó bajo Ley y mando Militar. Se generaron órdenes de disparar vilmente contra el pueblo.

Durante los desordenes, se produjeron muchos heridos de cortaduras por las vidrieras rotas o por cualquiera otra circunstancia propia de la situación. Se habrá generado uno que otro muerto, quizás hasta producto de alguna individualidad. Pero la “masacre”, el “genocidio” se ordenó una vez que ya habían finalizado los saqueos y desordenes, mismos que ellos no habían impedido. Es decir, se permitió que los ánimos se exacerbaran y una vez que ya había vuelto la calma, tomaron posición las hienas carroñeras. Aun hoy día se desconoce la cifra exacta de muertos. Insisto, los muertos se produjeron ya finalizados los saqueros. Fue la toma militar, en una situación de guerra unilateral, la que asesinó al pueblo venezolano.

Se ordenó disparar con armas y hasta tanques de guerra, contra un pueblo física y moralmente desarmado.