Juan Manuel Karg
El caracazo.
29-10-2005
Al poco
tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo
lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y
sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad
venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado
de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran
cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban
un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este
sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la
República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes
macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido
para generar cambios sustanciales en la economía nacional.
En
términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria,
deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal,
servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas
figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a
un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener
aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación
de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta
un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la
eliminación de la tasa de cambio preferencial.
Determinación de la tasa de cambio en el
mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el
exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos
a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las
tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico
y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el
mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del
petróleo,
con un
primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial
de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la
administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario
mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural;
racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación;
reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto
(PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
Todas
las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación
inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del
26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a
partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los
cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no
estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo
debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un
paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo
Nacional.
Ese día los chóferes de las rutas interurbanas
(sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus
recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje
estudiantil.
Ante tales circunstancias los usuarios
reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte,
muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la
violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales
comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron
atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y
tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de
sectores de clase media y alta.
En cuanto a los protagonistas de los actos
vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por
sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados
individuos pertenecientes a la clase media.
Los
actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo.
Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao,
los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de
violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las
principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia,
Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
El
estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron
dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se
combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente
orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del
transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para
comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas
y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica
llevado a cabo por y su gabinete.
Por otra
parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989,
cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de
primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que
luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la
acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de
bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los
productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los
acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron
superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un
fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de
la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el
Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los
disturbios.
Igualmente decretó el estado de emergencia,
previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron
suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días
siguientes: Las Fuerzas Armadas
asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo
largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez
solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la
cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió
el toque de queda.
Como consecuencia de los actos de saqueo que
siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se
produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los
transportes urbanos. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del
27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un
millar de heridos.
Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes
extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las
víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la
Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería
repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de
febrero de 1992.
En
términos generales, las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18
de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y
acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas
durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población
fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en
la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos
para actuar con seguridad y equidad.
Por otro lado, el proceso electoral de 1988
había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del
país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna
manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la
bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo,
el anunció del programa económico liquidó las ilusiones de la población y
acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema
político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación
política y social.
Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y
28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y
organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como
factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo
cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años
venideros
Tal
sería la voracidad del plan propuesto, que a dos semanas de su anuncio los
efectos nocivos comenzaban sentirse en el aumento desmedido de los servicios
públicos. El 27 de Febrero los habitantes de Guarenas, ciudad satélite de
caracas, se negaron a pagar el aumento del transporte público para ir a sus
trabajos en la capital.
Surgió
allí un primer foco de protesta que se multiplicó espontáneamente por todo el
territorio nacional. Sin organización política alguita o liderazgo, los
excluidos se alzaron contra el poder inmoral constituido. Así pues, Guarenas,
Caracas y otras ciudades fueron escenario de la primera gran reacción social
contra las políticas neoliberales. El pueblo venezolano salió masivamente a las
calles a expresar su frustración, llegando incluso a desbordar los cuerpos de
seguridad y a saquear algunos locales comerciales, especialmente supermercados,
como señal del hambre y la miseria que ya eran insoportables y que
evidentemente se incrementarían con las medidas de privatización y
desregulación aplicadas por el gobierno.
La
respuesta de las autoridades fue implacable; el despliegue del ejército en todo
el país para arremeter sin clemencia con armamento de guerra contra los
manifestantes. Durante los días de protesta popular, los medios de comunicación
privados audiovisuales y escritos, con su abrumador alcance y sus ingentes recursos técnicos y
financieros, se dedicaron a calificar los hechos como actos de delincuencia y
violación de la propiedad privada, Ignorando los reclamos de fondo y
justificando la intervención inhumana del ejército.
El cobro
exagerado bastó para que en Guarenas se iniciaran los brotes de violencia. A
eso de las 4:00 pm del 27 de febrero de 1989, diversos grupos manifestantes comenzaron
a trancar vías y armar barricadas dispuestos a enfrentarse a los cuerpos de
seguridad. De manera rápida las manifestaciones pasaron a los saqueos, y como
una bomba atómica, fue esparciéndose por el resto del país: Caracas, Miranda,
Aragua, Carabobo, Yaracuy, fueron todos escenarios de saqueos, muertes y
tiroteos.
Ya para
el 28 de febrero de 1989, los titulares corrían por la prensa con el mismo
calor y prisa de las protestas en la calle: "Tomados el Nuevo Circo y los
Alrededores de la UCV", "Manifestaciones en ocho ciudades del
interior", "Violencia en el Litoral", "Sector comercial de
Guarenas destruido por turbas de saqueadores", "Caracas estremecida
por la violencia", o como rodaron los titulares en la primera plana de El
Nacional ese día:" CAP: no se justifica estado de efervescencia",
"Suspenden las clases en el Estado Miranda", "Saqueos y
disturbios en el país en contra de medidas económicas"… y las culpas no se
hacían esperar, Alfredo Álvarez en un artículo de El Nacional lo reflejaba en
su titular: "El FMI encendió las calles de Caracas".
Los
manifestantes se ensañaron en contra de los negocios con propiedad extranjera.
Enseguida, las Santa María de los comercios comenzaron a decir en sus caras,
escrita con spray, la frase Soy Venezolano, para evitar ser saqueados.
Las
pérdidas comenzaban a contabilizarse, y eran traducidas en dinero y en vidas
perdidas: "Bs. 200 millones en pérdidas en el Litoral Central",
"Más de 80 muertos, 800 heridos y mil detenidos en 2 días de
disturbios", eran los titulares de la prensa para el 1 de marzo.
Dado el
carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del
27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los
mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de
violencia social de tal magnitud.
En virtud del desbordamiento de la situación,
hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de
Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente
decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución
de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales
durante los 10 días siguientes.
Las
Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque
de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente
Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de
emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías
y se suprimió el toque de queda.
Como
consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las
garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los
dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.
El
balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue
según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin
embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos
llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a
consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el
control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para
los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.Ese pueblo humillado,
había comenzado no sólo a saciar su hambre orgánica, sino que intentaba
equilibrar la desigualdad social acortando la inmensa brecha que había entre
los que tenían y los que no. Esas cosas con las que lo bombardeaban todo el día
los medios publicitarios y que le eran inalcanzables, sencillamente lo tomó.
Satisfacían las necesidades creadas por el consumismo desaforado.
Ellos
mismos habían creado un monstruo, que hoy se los estaba comiendo.
Innegablemente hubo aprovechamiento de algunos delincuentes, en todo este
desorden callejero, pero fue un movimiento de total espontaneidad. Casi de
inocencia.
Esto es
tan cierto, que cuando bajaron los niveles de euforia y se decretó el toque de
queda, hubo muchos muertos porque no entendían lo que eso significaba, ni qué
era lo que estaba sucediendo. Fue como la reacción de un niño malcriado, que
hace un berrinche y que luego se queda como que no sucedió nada. Todo fue una
explosión de adrenalina, de rabia acumulada, pero que cuando “pasó”, este
bendito pueblo, volvió a su normalidad. Volvió a ser el bromista, el
dicharachero de siempre y se encontró que había comenzado el segundo acto de
esta opereta de muerte. En esta segunda parte, sería igualmente protagonista,
pero de una manera trágica. En este momento entra en acción el aparato
represivo-asesino de un Estado criminal. Se suspenden las garantías
constitucionales y se decreta el toque de queda. El país quedó bajo Ley y mando
Militar. Se generaron órdenes de disparar vilmente contra el pueblo.
Durante
los desordenes, se produjeron muchos heridos de cortaduras por las vidrieras
rotas o por cualquiera otra circunstancia propia de la situación. Se habrá
generado uno que otro muerto, quizás hasta producto de alguna individualidad.
Pero la “masacre”, el “genocidio” se ordenó una vez que ya habían finalizado
los saqueos y desordenes, mismos que ellos no habían impedido. Es decir, se
permitió que los ánimos se exacerbaran y una vez que ya había vuelto la calma,
tomaron posición las hienas carroñeras. Aun hoy día se desconoce la cifra
exacta de muertos. Insisto, los muertos se produjeron ya finalizados los
saqueros. Fue la toma militar, en una situación de guerra unilateral, la que
asesinó al pueblo venezolano.
Se
ordenó disparar con armas y hasta tanques de guerra, contra un pueblo física y
moralmente desarmado.
